La pensión de alimentos es la aportación económica que el progenitor no custodio (o ambos, en custodia compartida) destina a cubrir las necesidades de los hijos: alimentación, vivienda, ropa, educación y asistencia médica. Es también una de las mayores fuentes de conflicto tras una ruptura, tanto al fijarla como cuando deja de pagarse.

Cómo se calcula la pensión de alimentos

No existe una fórmula legal cerrada. El juez valora los ingresos de ambos progenitores, las necesidades de los hijos y el tiempo que pasan con cada uno. Como orientación, el Consejo General del Poder Judicial publica unas tablas de referencia que muchos juzgados utilizan. En la práctica, para un hijo suele situarse entre el 15% y el 25% de los ingresos netos del obligado, aunque cada caso es distinto: la pensión de quien ingresa 3.000 euros no es la de quien cobra el salario mínimo.

Gastos ordinarios y gastos extraordinarios

La pensión cubre los gastos ordinarios y previsibles. Los extraordinarios (ortodoncias, gafas, actividades no habituales, tratamientos médicos no cubiertos) se pagan aparte, normalmente al 50%, y son la mayor fuente de disputas. Cuanto más detalle el convenio regulador qué es ordinario y qué es extraordinario, y cómo se aprueban los gastos, menos conflictos habrá después.

¿Hasta cuándo se paga?

La pensión no termina automáticamente a los 18 años. Se mantiene mientras el hijo no sea económicamente independiente y siga formándose con aprovechamiento. Un juez puede extinguirla si el hijo mayor de edad ni estudia ni trabaja por causa que le sea imputable, pero hace falta pedirlo judicialmente: no se puede dejar de pagar por decisión propia.

Cuándo se puede modificar la cuantía

Si cambian sustancialmente las circunstancias (desempleo prolongado, mejora notable de ingresos, nuevos hijos, cambio de custodia), cualquiera de los progenitores puede pedir una modificación de medidas. Mientras el juez no la apruebe, la pensión vigente sigue siendo obligatoria en su importe íntegro: reducirla unilateralmente genera deuda reclamable.

Qué pasa si no se paga la pensión

El impago tiene consecuencias serias por dos vías. Por la vía civil, la pensión se puede reclamar con ejecución de sentencia y embargo de nómina o cuentas, con hasta cinco años de atrasos. Por la vía penal, dejar de pagar dos meses consecutivos o cuatro alternos puede constituir un delito de abandono de familia, castigado con prisión de tres meses a un año o multa. Además, el impago se anota y puede impedir beneficios como la custodia solicitada.

Tanto si necesitas fijar una pensión justa, como modificarla o reclamar impagos, una consulta online con un abogado de familia te permite llevar los números claros antes de negociar o demandar, y evitar los errores que después cuestan años de conflicto.